Compromiso con los mayores

Nueve millones y medio de españoles cobran una pensión, en Segovia más de 33.000, de las cuales un tercio tiene la consideración de mínimas, no llegando a los 628€ al mes. Año tras año los pensionistas vienen perdiendo poder adquisitivo, desde 2012. Este último año han perdido casi un uno por ciento, y en este 2018 año la pérdida será equivalente o mayor, si se cumple la inflación prevista por el Gobierno. En 2018 las pensiones subirán un 0,25 por ciento, en el marco de la reforma establecida en 2013 al no superar los ingresos del sistema público de pensiones los gastos del mismo. Una subida que a la “guardia pretoriana parlamentaria” del PP en Segovia le parece suficiente, tal y como han manifestado públicamente. Los populares han ido más allá y han dado un mensaje reforzando la idea de que el PP revaloriza las pensiones. Una vez más han jugado al engaño y, para ello, han vuelto a explotar su mensaje de campaña de 2011, de que el PSOE -en plena crisis- congeló las pensiones: “el y tú más”. Un mensaje torticero y malintencionado, porque no es verdad. En 2011 el Gobierno del PSOE, después de actualizar todas las pensiones con la subida de los precios del último año, sólo aplicó incremento ese año a las pensiones mínimas. En ningún caso perdieron poder adquisitivo durante los años de la crisis, como ocurre ahora.

Los pensionistas se merecen un respeto. Una gran parte de ellos tiene enormes dificultades para abordar sus gastos ordinarios. Durante los años más duros de la crisis han sido el sustento de sus familias. Ahora ven cómo van perdiendo progresivamente poder adquisitivo cada año. El Gobierno, en el Cuadro macroeconómico a la UE en  2016, situaba la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en 2015 en un 13 por ciento. A ello se une la discriminación que sufre la mujer sobre el hombre, cuya pensión es un 40 por ciento de media inferior. Es urgente buscar una solución, más cuando el Sistema Público de Pensiones presenta problemas de sostenibilidad -los gastos superan en 18.000 millones anuales a los ingreso- y suficiencia de la pensiones para garantizar una vida digna.

Hasta el momento, el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que analiza la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones, y que preside en estos momentos la popular Celia Villalobos, no ha avanzado nada, o eso parece, a pesar de los muchos expertos que están desfilando estos días por el organismo. La cuestión es cómo equilibrar ingresos y gastos, y garantizar el poder adquisitivo actual. Y todo ello sin erosionar la economía y, por supuesto, el empleo. Algo así como la cuadratura del círculo, salvo para los que todo lo solucionan de boquilla y hacen además proselitismo de sus propuestas para intentar ganar votos.

En los últimos años se han abordado dos grandes reformas. Una, del Gobierno del PSOE en 2011, que amplió el periodo de cotización mínimo para el cálculo de la base de cotización de 15 a 25 años, a la vez que retrasaba progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Una reforma acordada en el Pacto de Toledo que la grave crisis económica dejó corta para los fines  a los que se orientaba; la otra la promovió el Gobierno del PP en 2013 al margen del Pacto de Toledo y entrará en vigor en 2019. Con ella la cuantía de la pensión se fijará en función de los años cotizados, la base de cotización y la esperanza de vida de la población el año de la jubilación. La subida anual se fijaba en un 0,25 por ciento -como he referido- siempre que los ingresos anuales no superen los gastos, y en caso contrario podrá llegar al 0,5 por ciento. Una propuesta con trampa, ya que los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social los fija siempre el Gobierno. De esta forma, los gastos se reducen considerablemente, pero siguen estando muy lejos de los ingresos necesarios. Y los pensionistas irán viendo de por vida cómo sus pensiones año a año van a menos, hasta convertirse en pensiones de carácter asistencial.

Una vez agotado el Fondo de Reserva de las Pensiones, dotado con 70.000 millones de euros, y contra el que el Sr. Rajoy ha ido cargando estos años el déficit del Sistema, sin impulsar ninguna solución, el problema no admite más demoras, salvo que se quiera avanzar hacia un sistema que no garantice la solidaridad entre los españoles. Es decir, aquéllos que carezcan de recursos se ajusten a lo que la pensión pública les ofrezca, y los más pudientes puedan tener planes de pensiones privados complementarios fruto de la capitalización en su vida laboral. Todo indica que los partidos de corte conservador optan por esta solución y los que entienden que están a la izquierda, por potenciar el sistema de reparto mediante el incremento de la presión fiscal.

Resolver la cuadratura del círculo no es fácil. Los salarios que constituyen la base de los ingresos mediante la cotización social han caído drásticamente. A pesar de que hay un consenso generalizado de que sería necesario que subiesen por los efectos positivos que se derivarían para el consumo, el empleo y su contribución a la sostenibilidad de las pensiones, la realidad nos demuestra que el empresario “per se” es conservador y tiene aversión al riesgo en un entorno de enorme turbulencia económica, social y política como el actual. Hay que tener en cuenta que para equilibrar los ingresos serían necesarios 2,4 millones de trabajadores cotizando con el salario equivalente de 2010. Subir las cotizaciones sería una locura: un impuesto al empleo que lo destruiría a una velocidad de vértigo. La recaudación por la vía de impuestos indirectos afectará sensiblemente al consumo en especial de las rentas más bajas y acabarán frenando el empleo. Difícil, pues.

La única salida factible a corto plazo es buscar el equilibrio de forma progresiva por la vía de los impuestos directos y obtener recursos gravando las externalidades del sistema económico. Una solución que harán necesaria la incorporación progresiva de recursos fiscales por esta vía, dado que la evolución de la pirámide de edad de los españoles pone en quiebra la filosofía del actual sistema de reparto de la Seguridad Social en un futuro, tal y como se concibió en su momento. Esta solución, sin duda, requiere un amplio consenso y acuerdo, de lo contrario no será socialmente neutra y no estará exenta de dificultades su puesta en marcha.

Mientras se siga sin acordar ninguna propuesta, la solución ganadora es la del Sr. Rajoy. Para avanzar se requiere llevar a los Presupuestos Generales de 2018 una solución negociada -al menos con mayoría suficiente- que permita reducir el déficit y garantizar pensiones dignas. A corto plazo no creo que haya otra solución que la subida fiscal, lo que entra en contradicción con las propuestas de C’s, que de esta forma estaría apostando por un sistema de pensiones asistencial. No creo que Podemos sea capaz de pactar nada y mucho menos llevarlo a presupuestos para su aprobación. Y el PSOE tiene una gran oportunidad para demostrar su vocación de Gobierno y compromiso con los más desfavorecidos, y éstos, en el momento actual, son mayoritariamente los mayores.

"¡Qué miedo!"

He de confesarles que nunca me ha atraído el mundo de la judicatura. Es un área complejo y poco cercano para el común de los mortales, mucho más si son ajenos al conocimiento del Derecho. La aparición de los jueces estrella –al final de la pasada centuria-, lejos de generar tranquilidad y confianza a los ciudadanos, contribuyó a frivolizar su papel y poner en cuestión, en algún caso, su neutralidad y objetividad. Al fin y al cabo no dejan de ser personas que interpretan la aplicación de la Ley bajo el prisma de sus conocimientos y de su entorno cultural y social. En una ocasión, un antiguo compañero del Congreso, magistrado él, y lamentablemente ya fallecido, me dijo “cuídate de mis compañeros. Te pueden arruinar la vida”. A lo que yo respondí “jamás me he visto sentado ante un tribunal ni he acudido a la Justicia, pero ¡qué miedo!”.

El Título VI de la Constitución, ‘Del Poder Judicial’, otorga a jueces y magistrados un poder omnímodo en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Bien es cierto que el procedimiento permite recurrir en cascada y que los daños causados por error judicial y por el funcionamiento de la Administración de Justicia pueden dan derecho a indemnización, pero los daños personales no sólo en el plano material, sino personal pueden ser irreversibles. Hay que tener en cuenta que el obligado deber de colaborar requerido por jueces y tribunales en el curso del proceso le lleva a cualquier persona a una situación de sumisión, en el que la capacidad de oposición se ve muy reducida por lo general. 

Lo que si he vivido en los últimos dos años son tres experiencias de personas cercanas con la Administración de Justicia, que paso a relatar. La primera, la más grave, el yerno de un amigo mío fue acusado de asaltar una sucursal bancaria a más de 600 kilómetros de su domicilio. Unas imágenes del sistema de vídeo ponían de manifiesto que el atracador podía ser él. Sólo el buen hacer de su abogada y una prueba convincente de una factura de ese día de una venta realizada por él en su negocio, y el reconocimiento de su cliente, le evitaron males mayores. Ni que decir tiene la angustia por la que pasó la familia hasta que se dictó sentencia. Un sobresalto que deja huella presente y futura en el estado anímico de quien lo sufre. 

En el segundo caso, un auto del juzgado en cuestión estableció una fianza desproporcionada para la capacidad económica y el patrimonio de la persona “investigada”. Una condena de hecho, sin haber sido juzgado el hecho. Si tenemos en cuenta que la Justicia es lenta y que la sentencia firme se puede producir con facilidad diez años más tarde de los efectos del auto, ante posibles recursos, el juez o magistrado en cuestión puede condenar o conducir al ostracismo económico y a la indigencia no sólo a la persona que se juzga sino a toda su familia, ya que automáticamente quedan embargadas sus cuentas, sus bienes y sus derechos patrimoniales, salvo los asignados con carácter asistencial. Nadie está exento de este riesgo. Por eso cuando uno escucha voces de que se “joda”, no deja de pensar en el poco respeto que algunos tiene al principio de presunción de inocencia, y el deseo de que estas personas, más bien ignorantes, pasen sólo un ratito por ese trance. Mucho más si encima la Justicia mantiene posiciones contrapuestas sobre el caso juzgado. 

El tercero es más de andar por casa, pero no por ello menos importante para el afectado. Un buen día te cita un juzgado como “investigado” a una determinada hora y te informa que debe ir acompañado de un abogado que elijas o bien de un abogado de oficio para declarar sobre un tema que desconoces. Esa situación representa un fuerte sobresalto para quien es consciente de estar ajeno a cualquier proceso judicial. Intranquilidad que se complica cuando además te tienes que desplazar de ciudad y debes suspender la consulta de 35 pacientes citados de un día para otro para cumplir con el deber de colaboración con la Justicia. El sobresalto se vuelve en indignación cuando observas que te citan para un hecho sustentado en tu actual número  de teléfono fijo, cuando no era tuyo, y encima la compañía telefónica ha certificado al juzgado que te fue asignado con fecha posterior a los hechos investigados, según consta en las diligencias, cuando estas se leen. Si encima la actitud es displicente con un claro mensaje de superioridad, y se carece de sensibilidad para explicar el contexto de lo sucedido. Apaga y vámonos.

Con el relato de estas tres situaciones en ningún caso se quiere cuestionar el funcionamiento general de la Justica española. Pero sí cuestionar su falta de sensibilidad y, si me permiten, seguridad jurídica en algunas actuaciones concretas que no constituyen la norma general de actuación. Ante la duda y la falta de pruebas constatables con certeza absoluta los que administran Justicia deben ser conservadores en su actuación. Los ciudadanos de a pie respetamos y acatamos la aplicación de Justicia, pero nuestra relación en el plano civil con los jueces es de igualdad. Ellos deben pensar cuando la imparten en sus efectos no sólo materiales, sino personales. Y pensar siempre si la están aplicando con equilibrio y neutralidad, de forma ajena a los intereses y presiones externas. Quizá un nuevo marco jurídico puede ayudar a prevenir los efectos descritos, pero al final no olvidemos que los jueces no dejan de ser personas.          

El cáncer de la despoblación en Segovia

Según los datos publicados por el INE, la provincia de Segovia ha perdido 8.664 habitantes en los últimos seis años: el 5,3 por ciento de su población, la mayor parte de ellos niños y jóvenes. Pero el INE va más allá y calcula que la actual población de 154.586 se reducirá en 2031 hasta 138.558, lo que supondría una pérdida de 16.000 habitantes, un 10,35 por ciento de la población actual. Un auténtico cáncer que no sólo deja despoblado y envejecido gran parte de los 208 municipios rurales segovianos, sino que además descapitaliza el medio rural y condena a muerte a gran parte de nuestras costumbres y tradiciones, y con ello el abandono del medio físico de la provincia.

El problema tiene profundas raíces tanto en Segovia como en otras partes de España. El desarrollismo de los años 60 en España no se realizó de forma equilibrada. Penalizó con fuerza a la actual Castilla y León y sus provincias, entre ellas Segovia, y benefició de forma extraordinaria al País Vasco y Cataluña, en parte para paliar sus tensiones políticas y sociales, y a las grandes ciudades. España creció mucho económicamente esos años, pero de forma desigual. Se abrió una profunda brecha entre una España y otra pobre. Como consecuencia de ello en la década de los sesenta y setenta se produjo un gran movimiento migratorio hacia esos núcleos de riqueza, en cuyo origen se encuentra el problema de la despoblación segoviana. Muchos segovianos emigraron al País Vasco, Madrid, Valladolid y en los últimos años a su propia ciudad. El éxodo juvenil ante la falta de tejido industrial e inversiones capaces de sembrar puestos de trabajo estables y servicios, unido a la debacle vegetativa poblacional, siguen condenando a la gran mayoría de los pueblos segovianos a desaparecer, ante la pasividad de sus dirigentes, ahora y antes.

¿Qué se ha hecho para solventar esta situación? Nada. Absolutamente nada salvo la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de Zapatero. Una ley bien intencionada, pero que no aborda con un carácter integral el problema y se ha limitado a impulsar programas con escasa dotación económica y poca convicción, que el PP cuando ha llegado al poder se ha encargado de dejarlos reducidos a su mínima expresión. La despoblación es el principal problema de este país, y también de Segovia. Un problema que para poderlo resolver va a precisar de muchos años -más de un cuarto de siglo si se actuase eficazmente-. Requiere un Pacto de Estado que traslade sus efectos a nivel autonómico y provincial, allí donde se manifiesta el problema, como es el caso de la provincia de Segovia. En este tema no vale ni el “no es no”, ni los vetos mutuos, ni las tácticas electorales de corto alcance y dudoso resultado. PP, PSOE y C’s deben de ir de la mano, como partidos constitucionales y con vocación de Gobierno que son, para dar futuro a las nuevas generaciones de segovianos y garantizar el legado de su patrimonio.

¿Qué se puede hacer? Pues una “planificación indicativa” por parte de las administraciones públicas ante la ausencia de dinámicas propias del mercado. En este caso el liberalismo no es la solución. El mercado es inexistente y no puede generarse por sí mismo, al faltar el factor esencial que es la población capaz de generar consumo y sustentar con ello la existencia de empresas y autónomos localizados en estos lares. Se requiere la acción conjunta de las administraciones en diferentes programas de actuación y cooperación con el tejido empresarial, y todo ello con la tutela de un liderazgo firme y comprometido a nivel provincial, y que por pura lógica debiera residenciar en la Diputación Provincial, o la Junta de Castilla y León si aquélla no lo asumiese.

En 2017, en las últimas jornadas promovidas por el PSOE en Segovia sobre este tema, en las diferentes mesas redondas quedó clara la necesidad de hacer un frente institucional que promueva la inversión liderado por la Diputación. No se ha avanzado nada en este sentido, y nadie ha liderado un proyecto que pueda caminar en ese sentido. Tan sólo la FES ha anunciado su trabajo por libre de captación de empresas e inversores. Me temo que no se ha logrado hasta el momento gran cosa. Pero en todo caso, para que los resultados sean eficaces y capilaricen en las zonas donde se manifiesta con más intensidad el problema, se requiere un trabajo conjunto, continuo y especializado.

El primer paso que hay que dar es diagnosticar la situación de las diferentes zonas de la provincia y catalogarlas por niveles de prioridad para hacer frente al problema. Es evidente que no puede localizarse una industria en cada pueblo segoviano que genere empleo y riqueza suficiente para asentar población. De ahí la necesidad de asentar “polos de desarrollo” y dotarles de infraestructuras suficientes para dar servicio a las industrias y pobladores, en el marco de la planificación indicativa a la que me refería antes, a la vez que no dispersar la inversión y optimizarla estableciendo prioridades. En la provincia se necesitarán unos diecinueve o veinte: Valverde, Marugán, Martín Muñoz, Nava de la Asunción, Cuéllar, Sacramenia, Ayllón, Riaza, Campo de San Pedro, Cantalejo, Prádena, Fuentepelayo, Torrecaballeros, Carbonero, Navalmanzano/Sanchonuño, La Granja, Otero, El Espinar y Villacastín. Incluso se podrían reducir a la mitad si se mejora la movilidad y se amplifica la potencialidad de los servicios logísticos.  Nada nuevo que no se haya ensayado en este país y otros con anterioridad.

Sobre estos polos de desarrollo se han de desplegar las políticas que prevé el Plan Director de Industria de la Junta -que como he comentado alguna vez está pensado sobre todo para las zonas periurbanas de las grandes ciudades-, la aplicación “ad hoc” de recursos provenientes de las administraciones, el desarrollo efectivo de la Ley de Desarrollo Rural, las iniciativas y cooperación de los ayuntamientos agrupados en torno a cada polo, la racionalización de los servicios públicos y la constitución de consorcios públicos en torno a los mismos que permitan ganar eficacia, eficiencia y simplificar la administración en su sentido más amplio. En definitiva, una pléyade de medidas que se han de abordar coordinadamente entre todas las administraciones públicas y las instituciones que participen en los diferentes programas, muy especialmente los empresarios, bajo la batuta provincial hoy por hoy del presidente de la Diputación.

Las medidas propuestas quedarían cojas si no se tiene en cuenta la necesidad de un tratamiento fiscal discriminatorio positivo a estas zonas deprimidas y la necesidad de que el Gobierno de España impulse el proyecto, destine fondos y establezca un marco regulatorio y las bases de la coordinación y el liderazgo con otras administraciones. No puede ser que paguen los mismos impuestos los ciudadanos que viven en zona deprimidas del medio rural que los de la ciudad, que sin embargo para ir al médico o a la compra incluyen en un gasto adicional, o carecen de transporte; al igual que los empresarios que invierten en estas zonas, cuya localización por falta de infraestructuras y servicios conllevan asociados unos costes mayores, a la vez que pagan los mismos impuestos que otros empresarios y autónomos localizados en zonas de expansión y bien comunicadas con el mercado fácilmente accesible.

El Gobierno, hasta el momento, ante estas cuestiones ha mirado para otro lado. Y no será que no se le ha planteado en reiteradas ocasiones. Yo mismo he tenido la oportunidad de formular diferentes preguntas orales en Pleno del Congreso de los Diputados sobre este tema tanto al ministro de Hacienda como al de Agricultura, así como preguntas escritas, proposiciones no de ley y resoluciones del PSOE. En la constancia siempre radica el éxito, y seguiremos apostando por estas medidas y otras para que nuestros pueblos y sus ciudadanos tengan futuro. Segovia se lo merece y los segovianos también.